¿Presiones al Orfis?
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
El discurso sigue siendo el mismo, pero de resultados, nada. *** Este lunes fueron arrojadas varias bolsas con restos humanos en Coatzintla (en la zona conurbada con Poza Rica), muy cerca de las oficinas del DIF Municipal. *** Las bolsas fueron detectadas por peatones que circulaban por la calle Xalapa. Eran seis bolsas negras de plástico, con restos de al menos tres víctimas. *** Pero el gobernador Cuitláhuac García insiste en que los pobladores del norte de la entidad no deben preocuparse, pues ellos (los policías del gobierno) ya han detenido a 40 personas en lo que va del año, y prometió que la próxima semana (¿por qué tanto tiempo?) dará a conocer un recuento de los resultados en materia de seguridad, luego de los operativos realizados en Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán. *** Una vez más justificó el repunte en la violencia en aquella zona, a una supuesta disputa entre seis células delictivas. *** “Tenemos detenciones de todas las células y vamos a seguir con estas si siguen insistiendo con ese tipo de actividades, deben de entender que eso ya se acabó -el solapar al crimen organizado- y vamos a poner ante la justicia a los autores de estos actos criminales”, dijo el gobernador. *** Y es que, de verdad, los integrantes de esas “células delictivas” no entienden, pues siguen matando gente sin importar que el gobierno detenga a 40 sujetos. *** Aquí sólo hay se dos sopas: o a esos grupos criminales no les importan cuántos de sus elementos caen a la cárcel, o los detenidos no son otra cosa que “chivos expiatorios” para hacer como que el gobierno está trabajando.
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Conforme avanza el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2022, los titulares de los entes fiscalizables se ponen más nerviosos. Saben que cualquier pecado, por muy escondido que lo mantengan, será detectado por el personal del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Es por ello por lo que muchos de los involucrados en estos menesteres prefieren tomar el camino equivocado, y lanzan campañas mediáticas para poner en duda la labor de los auditores.
Este lunes la auditora general, Delia González Cobos, anticipó que no caben pretextos para que los entes no entreguen en tiempo y forma sus informes. La cuestionaron de manera específica por el caso de Amatlán de los Reyes, cuyo palacio municipal tiene ya más de un mes tomado por ciudadanos que se oponen a la construcción de un centro de transferencia de residuos.
“Nosotros tenemos un periodo muy claro señalado en Ley y debemos ajustarnos a él”, aclaró la auditora general. “Nosotros no podemos detenernos porque un ente fiscalizable no atienda, así sea la razón más justificada”.
Como parte de esa campaña para cuestionar el desempeño del Orfis, se le ha atribuido a ese organismo la decisión de “conclusión y archivo” de los expedientes que se iniciaron por la compra de equipo de videovigilancia durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, así como la creación de Asociaciones Público-Privadas por parte del Poder Judicial del Estado, para construir Ciudades Judiciales.
Quienes señalan al Orfis por estas medidas, no se tomaron el tiempo para revisar el Decreto Número 552 por el que se aprobaron los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, ejercicio 2018.
En el Artículo Primero, fracción III, tercer párrafo y fracción IV inciso b) de dicho Decreto, el Congreso instruyó a la Contraloría General del Estado (no al Orfis) para que continuara con la investigación respectiva y promoviera “las acciones procedentes respecto de las Observaciones de carácter administrativo y Recomendaciones determinadas a la Secretaría de Seguridad Pública y las derivadas de la Revisión al Suministro e Instalación de las Cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia 2017-2018, notificadas por el Orfis”.
Se instruyó también al Órgano Interno de Control para que hiciera lo propio, respecto de las Observaciones y Recomendaciones, derivadas de la auditoría de Legalidad a los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia.
El Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente no lo emitió el Orfis, sino la Contraloría, y quien, en su caso, dejó prescribir las responsabilidades fue la Contraloría, a la que le correspondía su atención.
De hecho, en este caso el Orfis presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción (expediente FED/FECC/FECC-VER/0000114/2019) por un presunto daño patrimonial superior a los mil millones de pesos, y ya una persona fue vinculada a proceso.
En el caso de las Ciudades Judiciales, el mismo decreto 552 instruyó el órgano Interno de Control del Tribunal Superior de Justicia, a que continuara con la investigación y “promoviera las acciones procedentes”, y fue en esa instancia donde se indicaron como “concluidos” los procedimientos.
Las cosas están muy claras: El Orfis tiene obligaciones bien definidas por la ley, y no cederá a chantajes mediáticos ni a presiones políticas.
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Epílogo.
Si el gobierno estatal pensaba que la detención de la periodista Viridiana Bretón y los líderes cafetaleros Minervo Cantor Peña, Abraham Cabal Pulido, Crisanto Valiente Miramón y Cirio Ruiz González, quedaría en el olvido, están muy equivocados. *** Este lunes, productores de café se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir la liberación de sus compañeros y de la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, acusados de provocar un incendio en instalaciones de la empresa AMSA en enero del 2022. Los cafetaleros aseguran que la empresa fabricó pruebas para incriminarlos. *** El asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis Callejas, aseguró que en aquella ocasión protestaban contra la empresa porque les aplicó una reducción arbitraria a los precios del café cereza. *** Afirmó que fueron el gerente de AMSA, Francisco Faus y el funcionario de la Sader, Santiago Argüello, quienes presionaron para proceder contra sus compañeros y contra la exalcaldesa. *** “La mayoría de la población lo dice: el que preparó el incendio fue (personal de) la empresa, fabricó pruebas con vídeos, fotos y testigos donde van cargando botes de gasolina. Son falsos esos testigos y estamos ante un abuso gravísimo”. Recordó, además, que el monto de los daños por el siniestro fue muy pequeño y así lo reconoció la empresa, por lo que expresó que la forma en que fueron detenidos y llevados a un penal de alta seguridad en Amatlán no fue la correcta. *** Cada vez queda más claro que estas detenciones tienen un tinte político, muy recurrente en el actual gobierno estatal.
